Una nueva iniciativa de ley busca la pena de cárcel para los ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones que no corten las líneas móviles ni bloqueen teléfonos reportados como robados,con lo cual pretende combatir el robo de celulares y los delitos asociados.

Comparte

Un nuevo proyecto de ley,ingresado en el Congreso de Perú,plantea dar pena de cárcel a los ejecutivos de las empresas de telecomunicaciones que no corten las líneas móviles ni bloqueen teléfonos celulares reportados como robados.

La iniciativa,presentada por el congresista Esdras Ricardo Medina Minaya,propone sancionar con la privación de la libertad o sanciones administrativas a los representantes legales de las telcos cuando no cumplan con las órdenes de bloqueo o baja.

El proyecto busca obligar a los operadores de telecomunicaciones a bloquear la línea telefónica y el dispositivo móvil reportado como robado en un plazo máximo de 12 horas desde la denuncia.

Además,las empresas tendrían que mantener una base de datos unificada con los IMEI de dispositivos robados,en coordinación con el organismo regulador de telecomunicaciones; así como informar a los usuarios,de manera clara y accesible,el procedimiento para reportar robos.

Si no se cumplen con dichas disposiciones,la iniciativa de ley señala que los representantes legales o responsables directos de los operadores serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años conforme al Código Penal.

Y en caso de reincidencia,“complicidad con redes delictivas o negligencia dolosa”,también se impondrá una multa administrativa equivalente al 10 por ciento de los ingresos mensuales del operador.

También lee: ‘Lista blanca’ del Renteseg no reduce el robo de celulares y perjudica a usuarios peruanos: GSMA

En cuanto al ámbito administrativo,el proyecto también advierte que el organismo regulador de telecomunicaciones podrá suspender temporalmente la licencia del operador y exigir indemnizaciones a favor de los usuarios afectados.

Acusan inacción de operadores ante robo de celulares

Medina Minaya,del Grupo Parlamentario Renovación Popular,argumenta,a través de la iniciativa,que el robo de celulares en Perú es una problemática en ascenso,lo cual alimenta las redes de delincuencia y expone a usuarios finales a delitos como fraudes bancarios y extorsiones.

Según datos del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel),citados por el legislador,22 de cada 100 personas han sido víctimas de robo de un teléfono celular.

En 2023,el Osiptel registró que la mayor cantidad de reportes de equipos móviles robados por hora,en promedio,se realizaron los días lunes,sábados y martes.

Por esa razón,justifica el proyecto de ley,es necesario brindar instrumentos legales para evitar la reutilización delictiva de los equipos y líneas móviles,con el fin de recuperar la confianza ciudadana para realizar las denuncias.

Sin embargo,la iniciativa considera que persiste una inacción por parte de los operadores de telecomunicaciones para bloquear de manera inmediata los dispositivos reportados como robados.

“Esta inacción perpetúa la inseguridad ciudadana y desincentiva las denuncias,generando un círculo vicioso de impunidad”,señala el documento.

Relacionado: Perú lanza número para bloquear cuentas y evitar robos

Industria advierte criminalización y retrocesos

La iniciativa de ley se une a una serie de proyectos que han sido radicados en el Congreso de la República que buscan determinar mano dura contra las empresas de telecomunicaciones.

No es el primero que propone castigar con cárcel a los ejecutivos de los operadores,o incluso a ciudadanos que,de alguna manera,se involucren con la comercialización de celulares robados.

Días atrás,la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) alertó que estos proyectos podrían frenar el acceso a Internet para millones de habitantes,dado que afecta la estabilidad del sector,las inversiones y la implementación de las tecnologías móviles.

Además,la industria ha advertido que este tipo de iniciativas criminalizan a los operadores móviles,relacionándolos injustificadamente con la comisión de delitos a través de celulares móviles sin que ellos tengan que ver con dicha problemática.

Si bien las propuestas desde el Congreso buscan frenar la problemática,el gremio coincide en que en realidad las medidas punitivas no son la solución. Lo único que se logra,señalan,es trasladar a las empresas de telecomunicaciones la responsabilidad de combatir los fraudes,algo que es tarea de las agencias de seguridad pública.